Nuestra Unidad de Psiquiatría Legal sigue despertando interés en el ámbito jurídico

03/03/2021

Continuamos siendo el único centro sanitario-psiquiátrico de España donde ingresan y reciben atención personas con enfermedad mental grave con causas penales. Para hablar de este proyecto asistencial que da respuesta a una realidad, el doctor Iñaki Madariaga, psiquiatra-jefe clínico de la Unidad Psiquiatría Legal, y la doctora Macarena Aspiunza, psicóloga forense, intervinieron el IV Congreso de la Asociación de 'Xuristas de Galicia por la Inclusión'.

Ocho años después de su inauguraciónla Unidad de Psiquiatría Legal (UPL) del Hospital Aita Menni sigue despertando interés entre el colectivo de juristas; quizá porque todavía somos el único centro sanitario-psiquiátrico de España donde ingresan y reciben atención personas con enfermedad mental grave con causas penales.

Para hablar de esta realidad, Iñaki Madariaga, psiquiatra-jefe clínico de la Unidad Psiquiatría Legal, y Macarena Aspiunza, psicóloga forense, intervinieron el IV Congreso IN.XURGA que, bajo el título genérico ‘Derecho a ejercer los derechos’, organizó la asociación de Xuristas (Juristas) de Galicia por la Inclusión.

Se estima que aproximadamente un 25% de la población reclusa presenta algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Es decir, de las 60.000 personas internadas en instituciones penitenciarias en España, 15.000 tienen alguna enfermedad mental diagnosticada, de las cuales al menos un 7% alcanza un grado moderado-grave. De hecho, entre el 40-60% de las demandas de atención sanitaria en la cárcel están relacionadas con la enfermedad psiquiátrica.

Nuestro proyecto asistencial

Los doctores Iñaki Madariaga y Macarena Aispunza explicaron en su exposición que nuestro proyecto asistencial se enmarca dentro del concepto de ‘justicia terapéutica’, que conjuga la aplicación de la ley y la asistencia a la salud mental. Mejorar la gestión de la atención sanitaria para las personas más desfavorecidas forma parte también de nuestra misión hospitalaria.

La UPL (Hospital Psiquiátrico Aita Menni-Arrasate-Mondragón/Guipuzkoa) fue creada por Hermanas Hospitalarias Aita Menni con el convencimiento de que las personas que han cometido un delito debido a su enfermedad mental no deberían estar en un entorno carcelario. Está amparada judicial, administrativa y financieramente por instituciones como la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y la Dirección del Área Sanitaria de Gipuzkoa del Gobierno Vasco. Por tanto está destinada a atender a pacientes mentales graves que a consecuencia de su enfermedad mental se han visto implicados en actos delictivos graves y con significativa repercusión legal.

En estos momentos, nuestra Unidad de Psiquiatría Legal proporciona asistencia a 20 pacientes, hombres y mujeres. Su modelo de funcionamiento se encuentra próximo al marco asistencial propio de una unidad de media estancia psiquiátrica, si bien tanto instalaciones como protocolos de actuación son los adecuados para ser todavía más garantes en ámbitos vinculados con la de seguridad. “Se diferencia fundamentalmente en la existencia de un elevado ‘plus’ de seguridad pero también en que funcionalmente, quien controla y manda en últimas instancia es el Juez”, expusieron nuestros ponentes. En este sentido, declararon que existe una buena interrelación interinstitucional entre los niveles judicial, administrativo, policial y asistencial.

Para ingresar en la UPL de Aita Menni el juzgado correspondiente, ha tenido que considerar que esta persona no es responsable (en mayor o menor medida) de sus actos y que dictar el cumplimiento de una medida de seguridad en un medio adecuado sanitario-psiquiátrico acorde a sus necesidades asistenciales en vez del cumplimiento de una pena en una institución penitenciaria. Desde su apertura en 2013, la Unidad ha acogido el ingreso de 79 pacientes, de los cuales 59 han finalizado el cumplimiento de una medida de seguridad en este tiempo. En el 70% de los casos la esquizofrenia paranoide ha sido la enfermedad mental diagnosticada, hasta en el 90% asociada a consumo de tóxicos. Más de la mitad (55%) de este colectivo había cometido delitos graves. Las medidas de seguridad decretadas van desde 1 año (10% de los casos) a más de 11 años (40%).