Discapacidad intelectual

Discapacidad intelectual y riesgos sociales

Miren Arejolaleiba Etxabe

 

Hoy en día, podemos seguir viendo casos en los que estas personas son excluidas de la vida social, económica y política. Esto se debe a diferentes causas, entre ellas la estigmatización, la falta de recursos o la carencia de programas y servicios basados en las necesidades de cada persona.
Dos mujeres con discapacidad intelectual, trabajando en una cocina
Dos mujeres con discapacidad intelectual, trabajando en una cocina. Depersonas cocinando con sentido, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Según Aguilar. R; Gutierrez. M; Randez. M; Vidal. A (2017), la discapacidad intelectual (DI) se define como:

“Discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, manifestada en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años. Según la American Association on Mental Retardation (AAMR), los factores etiológicos de la discapacidad intelectual pueden ser biomédicos, sociales, conductuales o educativos. Se estima que un 30% de los casos de DI se deben a causa genética. Esta condición afecta aproximadamente a entre un 0,7% y un 1,5% de la población europea”.

El movimiento y la reivindicación por los derechos de las personas con DI comenzó en los años sesenta por parte de un grupo social, con el objetivo de transitar hacia un modelo basado en la aplicación y reconocimiento de los derechos humanos, aunque hoy en día sigue habiendo barreras que obstaculizan la plena inclusión de este colectivo. Como ejemplo, cabe mencionar la forma de mencionar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que es más conocida como la “Ley de Dependencia” en lugar de “Ley de autonomía personal”.

Gracias a la desinstitucionalización de las personas con discapacidad intelectual en los años ochenta, su participación, autonomía e integración en la comunidad aumentó considerablemente, pero esto también trajo consecuencias negativas.

Hoy en día, podemos seguir viendo casos en los que estas personas son excluidas de la vida social, económica y política. Esto se debe a diferentes causas, entre ellas la estigmatización, la falta de recursos o la carencia de programas y servicios basados en las necesidades de cada persona.

Vulnerabilidad económica y social

La vulnerabilidad que padecen las personas con discapacidad ante la sociedad no es solamente de carácter biológico, si no también está relacionada con el aspecto psicológico. La vulnerabilidad social en este colectivo tiene que ver con la idea de considerar que estas personas no son productivas o son inferiores al resto de la población, lo cual puede derivar en una actitud de rechazo e incomodidad.

A este respecto, y tal y como señala el informe anual sobre el estado de la pobreza y la exclusión social elaborado por la Red Europea, se encuentran algunos datos relevantes que lo ponen en evidencia:

  • Relación entre la economía y la pobreza: respecto al empleo, el 14,1% de las personas de la población general trabajadora se encuentran en una situación de pobreza mientras que este porcentaje aumenta a un 17,1% entre las personas con discapacidad.
  • Sobre la privación material severa (esta mide la capacidad de las personas para la adquisición de artículos básicos), los índices en personas adultas con discapacidad triplican a las personas mayores de 64 años, llegando a alcanzar el 11%.
  • El 36,1% de las personas con discapacidad se encuentran con grandes dificultades para poder llegar a fin de mes. En la población sin discapacidad esta tasa se reduce en 15 puntos.

Las personas con discapacidad intelectual tienen legalmente los mismos derechos que las demás, pero estos se ven impedidos por la discriminación que muestra la sociedad. La discapacidad intelectual no se puede curar ni reparar, se trata de una construcción relacionada entre la sociedad y la persona.

Factores de riesgo

Existen varios factores de riesgo que pueden afectar en la inclusión y socialización de estas personas. Uno de ellos puede ser la dificultad a la hora de procesar diferentes informaciones sobre temas médicos, físicos, culturales, familiares, etc.

Otro factor puede estar vinculado con la dificultad de comunicar al entorno sus sentimientos y emociones, incluso en algunas ocasiones aparentando utilizar un lenguaje adecuado. Es entonces cuando aparecen los problemas graves de conducta, por falta de información de la sociedad en la intervención y comunicación con este colectivo.

Otra de las causas de la exclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad es la baja autoestima. Muchos de estas personas acusan el haber sido apartadas desde la infancia en centros o aulas especiales, hecho que proyecta en ellas una imagen de “desviadas”. También sienten una falta de aprobación por parte de las demás personas, llegando a aumentar el sentimiento de inefectividad e incompetencia. El rechazo de sus iguales y las bajas expectativas de familiares y personas cercanas, asimismo, tiene un impacto directo en la motivación escasa o nula de la propia persona en la integración.

Prevenir situaciones de riesgo y discriminatorias

Realizar un diagnóstico de discapacidad y evaluar su conducta adaptativa es imprescindible para prevenir y evitar situaciones de riesgo y discriminatorias. Son varios los temas que hay que trabajar: valores, hábitos saludables, socialización, manejo de emociones, afectividad etc. Estos factores influyen directamente en la personalidad y conducta de la persona. Si no se les da la relevancia adecuada pueden darse problemas de desarrollo personal, de desenvolvimiento en la comunidad, aislamiento, impulsividad y limitaciones sociales.

Es por ello por lo que la prevención es imprescindible para que las personas con DI sufran en menor medida posible la exclusión social. Entre las medidas de prevención existen herramientas, características sociales y personales.

Según Bernad (1991), existen tres grupos de factores protectores:

1.      Individuales:

·         Autoconocimiento: capacidades y limitaciones.

·         Buena gestión emocional.

·         Desarrollo de la asertividad.

·         Empoderamiento.

·         Participación en la vida comunitaria.

·         Disponer de una ocupación significativa.

·         Relaciones personales saludables y significativas.

·         Economía suficiente.

2.      Familiares:

·         Red de apoyo ajustada y saludable.

·         Estabilidad familiar.

·         Red informada y formada.

·         Relación de colaboración con los apoyos.

·         Existencia de relaciones comunitarias.

3.      De la comunidad:

·         Mayores referentes comunitarios preparados.

·         Tener oportunidades de desarrollo y formación, participación.

·         Recursos suficientes para la atención a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

·         Accesibilidad de los recursos.

·         Mayor agilidad de la administración en la gestión y asignación de los recursos.

·         Trabajo en red entre organismos de atención específicos.

·         Sensibilización y formación de la comunidad.

Una sociedad inclusiva es aquella que respeta los derechos de todas la personas, tengan o no una discapacidad, pero para conseguir una inclusión es imprescindible darles acceso en su totalidad a todos los ámbitos, como, educación, empleo, salud, cultura… y en condiciones de igualdad.

Es fundamental tener una actitud de aceptación y respeto, y por lo tanto no discriminatoria hacia este colectivo, ya que debería ser la sociedad quien les tendría que conceder los recursos necesarios para participar en actividades a las que tiene acceso el resto de la población.

Tal y como aseguraba en 2014 la profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM Elia Lázaro “para cumplir con su inclusión es necesario generar una cultura al respecto y difundir el conocimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyos principios generales destacan el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la equidad entre el hombre y la mujer”.

Bibliografía

– Aguilar, R; Gutiérrez, M; Rández, M ; Vidal, A. (2017). La prevención del consumo de drogas en personas con discapacidad intelectual: evaluación de necesidades desde la perspectiva del profesional. Revista Española de drogodependencias, 42(1), 49-51.

– Blanco, T; Díez, C; Galindo, L; García, A; Garrido, L; Guerrero, I; Osorio, M; Poveda, A.B; Ruiz de Arcaute, M; Simarro, L; Tur, R; Villaró, G. (2018). Exclusión Social: Perfil de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en situación de exclusión social. Recuperado de: https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/FDO27507/Exclusion_PDI.pdf

– García, M. (2020). Riesgos de vulneración de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en relación con las crisis sanitarias. Revista de Bioética y Derecho, 50.

– Lázaro, E. (2014). La vulnerabilidad de quienes tienen discapacidad, con orígenes sociales. Recuperado de: La vulnerabilidad de quienes tienen discapacidad, con orígenes sociales (unam.mx).

– Quiñonez, A.A. (2012). Actividades recreacionales en personas con discapacidad y la disminución de irritabilidad. (Tesis doctoral. Universidad Central del Ecuador, Ecuador). Recuperado de: Actividades recreacionales en personas con discapacidad y la disminución de irritabilidad. Casa hogar MIES Conocoto 2012-2013. (1library.co).

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